Seguridad humana y garantía de derechos
Por: Marcelo Caruso A.
La seguridad atraviesa la agenda nacional y distrital.
En sus extremos encontramos a los partidarios de la seguridad basada exclusivamente en el aumento de la Fuerza Pública, y en el otro, a quienes apostaron todo a la cultura ciudadana. En uno, nos controla un uniformado, en el otro un mimo o un policía dentro de cada uno. En esta sociedad de control y del autocontrol, ambos extremos tienen razón en analizar que la otra opción no ha funcionado, pero sin aclararnos el porqué de su afirmación. En el centro, encontramos a los pragmáticos que recurren a la superficial receta de un poco de cada ingrediente.
A nuestro entender el problema pasa por superar las visiones autoritarias y paternalistas de la seguridad, y pasar a construir con las comunidades las políticas públicas que las determinan. Un asunto tan vinculado al conjunto de la sociedad, al doloroso debate sobre los riesgos en la restitución de las tierras despojadas, pero que sólo está siendo pensado desde el Estado y sus estudiosos tecnócratas de la seguridad. Por eso genera agradable sorpresa conocer que el naciente Consejo de Defensa Suramericano, una de las comisiones de Unasur, conciba la defensa de la soberanía nacional y regional como un conjunto de acciones democráticas solidarias y complementarias, articuladas con la idea de la búsqueda conjunta de la seguridad en temas de recursos naturales, alimentarios, de salud, de desequilibrios ambientales, y con énfasis en el fortalecimiento de la participación ciudadana y, textualmente, en el enfoque de género.
Son visiones olvidadas desde que los atentados a las Torres Gemelas generaron la respuesta de una seguridad basada en la guerra preventiva al terrorismo. Y lo significativo es que estos principios fueron firmados por el entonces ministro de defensa del gobierno anterior, a cambio de la inclusión del punto que rechaza las insurgencias armadas internas, lo que no niega la obligación de hoy aplicarlos desde la función presidencial.
Esa mayoría de gobiernos “progresistas y de izquierda” de Suramérica y el Caribe parece estar recuperando el debate planteado desde el PNUD en los años 90, post-Guerra Fría, sobre la seguridad humana. La idea entonces muy general, busca superar el concepto de la seguridad vinculado a las doctrinas de la seguridad nacional, el orden público y el control sobre la sociedad, para direccionarlo hacia espacios sociales y comunitarios en los que los seres humanos elaboran los contenidos de su exigibilidad de derechos, proponiendo la construcción participativa de planes de prevención y protección del riesgo. Su efecto de disuasión en las políticas de defensa y seguridad se basa en la legitimidad surgida de la profunda raíz social y democrática de su construcción.
Fue la Corte Constitucional, enfrentando serios problemas de seguridad, la que logró continuar este nuevo enfoque en sus sentencias y autos de seguimiento relacionado con las víctimas del desplazamiento forzado. La exigencia al Gobierno de una inmediata atención y restitución de sus derechos vulnerados a través de políticas de prevención, protección y restitución desde un enfoque diferencial y de género, es un reencuentro y un aporte universal a los contenidos de la seguridad humana, la cual aparece como la clave para permitir un movimiento de víctimas con capacidad de exigir e imponer la real restitución de derechos y tierras.
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